En defensa del Estado de Derecho

México y, en general, América Latina, atraviesan por un enorme periodo de crisis e inestabilidad política y económica. Este domingo, la ciudadanía mexicana tiene una oportunidad enorme de cambiar el rumbo del país frente a un gobierno que, cada vez más, se encamina al autoritarismo y a la vulneración del estado de derecho en una región en la que en los últimos años, la corrupción, la impunidad y la violencia se ha incrementado de forma preocupante y el gobierno sigue actuando de forma pasiva ante la violencia y la delincuencia que ha generado que esta campaña se haya convertido en una de las más violentas de toda la historia.

En los últimos meses hemos visto como los ataques del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, se han venido incrementando. Un claro ejemplo de esto es la desafortunada declaración del presidente en donde ha llamado «traidores a la patria» a todos los abogados que en el libre ejercicio de la profesión han decidido prestar servicios profesionales a personas jurídicas extranjeras. Este ataque a la libertad profesional del colectivo de la abogacía en México ha generado una enorme preocupación del Consejo General de la Abogacía Mexicana («CGAM»), organización que aglutina a los principales colegios de abogados de México. En este sentido, el CGAM, externó su preocupación mediante un comunicado en donde lamentaba los señalamientos realizados por el presidente de México relativos a una supuesta traición a la patria, por parte de aquellos abogados mexicanos que asesoran o representan legalmente a empresas extranjeras. Así, cuestionar la labor de los abogados mexicanos es contario a la obligación del gobierno de México de garantizar que los abogados puedan desempeñar su profesión sin ningún tipo de intimidación.

Lo anterior es solo uno de los tantos ejemplos en los cuales el Ejecutivo Federal, ha hecho temblar el estado de derecho en México. Así, es importante que tomemos conciencia como abogados y como ciudadanos mexicanos sobre los riesgos que implican los ataques por parte del poder ejecutivo al estado de derecho, la independencia judicial y la autonomía de organismos constitucionales autónomos tan fundamentales como el Instituto Nacional Electoral, justo a poco tiempo de celebrar unas elecciones que son fundamentales de cara a determinar el rumbo que tomará el país para los últimos 3 años de este sexenio. En este sentido, estas elecciones serán claves de cara a determinar si con estas votaciones se empieza a tratar de frenar el enorme daño que se está haciendo al estado de derecho y a la democracia mexicana, o si, por el contrario, se consolida este régimen autoritario que podría terminar por convertir a México en una dictadura, como ha sucedido (y de hecho sucede) en varios países de la región.

Este nacionalismo populista de López Obrador está generando también un enorme clima de incertidumbre en donde han peligrado muchas de las inversiones por parte de empresas mexicanas y extranjeras, particularmente del sector energético, donde el gobierno de México ha revocado gran parte de las condiciones que implicaban tener un sector energético en competencia, retomando el gobierno la soberanía energética bajo el argumento de la autosuficiencia energética. Las amenazas del gobierno en contra de empresas extranjeras, particularmente de empresas españolas, han generado una ola de juicios de amparo en contra de los decretos de reforma del sector eléctrico impulsadas por el gobierno, lo que ha desatado, desde luego, críticas directas a jueces y al poder judicial por dictar suspensiones provisionales y definitivas en los amparos promovidos por parte de estas empresas.

Otro tema particularmente delicado y que pone en serio peligro la democracia y el estado de derecho en México es la injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial. Los pilares fundamentales de cualquier democracia moderna son la separación de poderes y la independencia judicial. Hace unos meses, la mayoría parlamentaria de Morena aprobó una reforma que implica la extensión por dos años del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, además, tiene una cierta cercanía y afinidad el presidente. Dicha reforma, resulta claramente inconstitucional, pues el propio texto constitucional prohíbe de forma expresa la extensión del mandato del presidente de la SCJN pues puede llegar a generar un riesgo para la independencia del Poder Judicial.

Como podemos advertir, son muchos los intentos por parte del gobierno de afectar gravemente el estado de derecho a pesar de las reiteradas advertencias que se han generado por toda la comunidad jurídica y la sociedad civil. El estado de derecho siempre pasa por periodos en los que es preciso advertir su debilidad. De ahí la importancia de que éste sea defendido cuando los gobiernos están dispuestos a afectarlo con tal de hacer prosperar sus proyectos políticos. Recordemos que el estado de derecho es, en esencia, «el gobierno de las leyes y no de los hombres». Por tanto, tenemos en nuestras manos dos enormes responsabilidades de cara a defender el futuro de México. En primer lugar, defender a capa y espada la democracia y el estado de derecho en México ante un gobierno que busca corromperlo. Por el otro, tenemos el enorme compromiso y la oportunidad (casi histórica) de salir a votar el domingo 6 de junio para intentar que en los restantes 3 años que le quedan a este gobierno, México no se convierta una dictadura, tratando de mantener cierta estabilidad. Salgamos todos a votar y tratemos, desde donde podamos, cambiar la realidad que hoy sacude a nuestro país.

Abogado por la Universidad Panamericana (México) y abogado ejerciente colegiado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Cuenta con un posgrado en Derecho y Negocio de las Nuevas Tecnologías, Internet y Audiovisual. Especialista en temas de Telecomunicaciones, Medios, Tecnologías y Protección de Datos. Actualmente, Analista Especialista en Riesgos de Privacidad en Aquanima Grupo Santander en donde lleva a cabo la gestión de riesgos de proveedores de Grupo Santander para Reino Unido y resto del Grupo dentro de VRAC (Vendor Risk Assessment Centre). Es, asimismo, profesor de posgrado invitado en la Universidad CEU San Pablo.